La Administración Pública se retrasa en la implantación de la Factura Electrónica

Fecha: Vie, 29/10/2010 - 11:21

Según un estudio de SERES, la empresa de la e-FACTURA®, actualmente, sólo el 40% de las 286 entidades administrativas estudiadas, ayuntamientos, delegaciones autonómicas y ministerios, utilizan la Factura Electrónica, o tienen en previsión hacerlo próximamente, cuando se cumple el plazo para su implementación total

La Administración Pública se retrasa en la implantación de la Factura Electrónica Alberto Redondo, director de Marketing y Canal de SERES

SERES, empresa líder en España y Europa en el intercambio de documentos electrónicos y perteneciente al Grupo La Poste, ha realizado el primer estudio sobre la implantación de la Factura Electrónica (FE) en la Administración Pública española. Según los datos recogidos, hasta el 31 de agosto de 2010 durante seis meses, sólo el 40% de las 286 entidades administrativas estudiadas, en las que se incluyen capitales de provincia, ayuntamientos de las provincias donde se encuentran las capitales autonómicas, Comunidades Autónomas y Ministerios, hacen uso de la FE, o tienen previsión de hacerlo próximamente. Frente a un 59, 84%, que no la utiliza o no tiene previsión de hacerlo.
Así, la Administración Pública (AA.DD.) se retrasa en la implementación de la FE, con más de la mitad de sus instituciones fuera de ella, a dos días de que se cumpla la suma de plazos, el próximo 30 de octubre, de puesta en marcha de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, donde se establece que “el uso de la factura electrónica será obligatorio en todos los contratos del sector público estatal; no obstante, en los contratos menores, la utilización de la factura electrónica será obligatoria cuando así se establezca expresamente en estas Órdenes de extensión”. Alberto Redondo, director de Marketing y Canal de SERES, dice: “Con este estudio queríamos saber cuál es el grado de implantación de la Factura Electrónica en la Administración Pública española. Ésta, las empresas usuarias actuales y los proveedores de tecnología han apostado con gran fuerza para crear un entorno que ahorre costes y que mejore la gestión B2A y B2B. Los datos muestran una situación mejor de la esperada, aunque insuficiente para el esfuerzo realizado. Aún así, tiene por delante camino por andar para implementar totalmente la facturación electrónica”.

Las Comunidades Autónomas arrojan un poco de luz a los datos
Según este estudio, un 37% de las comunidades autónomas ya cuentan con un sistema para que sus proveedores puedan emitir factura electrónica. Junto con el 26% de entidades que van a poner en marcha a corto plazo la e-factura muestra que más del 60% de las comunidades autónomas están o van a estar en poco tiempo dispuestas a recibir e-facturas.
Los proyectos puestos en marcha en las diferentes comunidades autonómicas en algunos casos cubren también las necesidades de poblaciones y municipios anexos a su zona. El mejor ejemplo es el servicio “e.FACT, model de factura electrònica per a les administracions públiques catalanes” del Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya (Consorci AOC) en Cataluña que ha facilitado el paso a la e-factura a numerosas entidades locales.
Según el estudio sólo el 7% de la administración local es apta para trabajar con factura electrónica. De los 251 ayuntamientos encuestados la alarmante cifra del 86% no usan la FE todavía, si bien dentro de ese porcentaje hay matices. Un 57% del total no usa la factura electrónica ni tiene proyecto para su implantación. Por otro lado, un 19% del total, aunque no usa la FE, tiene el proyecto en desarrollo de implantación o implantado ya por completo; y un 9% tiene el proyecto entre sus previsiones.

En los ayuntamientos, La Rioja, líder de la Facturación Electrónica
La Rioja se sitúa a la cabeza en el uso de la FE al contar con el mayor porcentaje de ayuntamientos que pueden facturar telemáticamente, con un 20% de implantación, seguida de Cataluña, con un 19%; Cantabria con un 15% y la Comunidad de Madrid, con un 14%. En el lado opuesto, hay comunidades como Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura y Canarias, en las que casi ninguno de los ayuntamientos encuestados usaba la FE. Algunas de estas últimas autonomías son también las que tienen el porcentaje más elevado de ayuntamientos que ni usan la factura electrónica ni tienen proyecto: el País Vasco lidera esta lista con un porcentaje del 87%, seguido por Asturias (85%), Castilla y León (78%) y Galicia (77%).
Esta diferencia se explica gracias a la matización en las encuestas sobre el estado de los proyectos. Gracias a ello, se sabe que comunidades como Madrid, que aunque no tiene el mayor índice de ayuntamientos con la facturación electrónica implantada, más de la mitad de los ayuntamientos (52%) están desarrollando el proyecto o lo tienen totalmente instalado. Otras comunidades con resultados similares son los dos archipiélagos Canarias (45%) y Baleares (41%).

Retrasos en los ministerios
En cuanto a los ministerios hay que tener en cuenta la iniciativa AGE (Administración General del Estado), para crear un entorno común entre ministerios donde todos ellos puedan trabajar con la FE. Esta iniciativa ha producido un retraso en la puesta en marcha de la mayoría de los proyectos ministeriales dado que en el grupo de trabajo han participado representantes de 9 Ministerios (Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Economía y Hacienda, Justicia, Defensa, Interior, Fomento, Trabajo e Inmigración, Industria, Turismo y Comercio, y Cultura) y de 7 entidades públicas (Agencia Estatal de Administración Tributaria, Instituto Nacional de Estadística, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Comisión Nacional de la Competencia, RED.es, Correos, Seguridad Social) además de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) del Ministerio de Economía y Hacienda. Con ello, el único ministerio que cuenta con un sistema de facturación electrónica es el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Algunos ministerios, como el de Fomento, han realizado alguna implantación sin que tenga en la actualidad resultado operativo.

Recogida de datos
Este estudio se ha realizado con los datos que SERES ha recogido, hasta el 31 de agosto de 2010, a través de encuestas telefónicas a cerca de 300 personas, de las que aproximadamente el 72% pertenecían a ayuntamientos, y el restante corresponde a personas de 16 sedes ministeriales y 19 a entidades de las diferentes comunidades autónomas. Los 251 ayuntamientos se han clasificado según su población. Así, se han dividido en capitales de provincia, poblaciones de más de 10.000 habitantes, entre 10.000 y 5.000 y menos de 5.000. Del mismo modo, todos los ayuntamientos encuestados en cada comunidad autónoma pertenecían a la provincia en la que se encuentra la capital de la comunidad. Por último, se interrogó a los responsables encuestados por el grado de implementación de la factura electrónica en sus sedes administrativas, dando cabida a cinco respuestas: está en uso; no está en uso, pero tiene el proyecto para usarla en desarrollo o finalizado; no está en uso, pero tienen el proyecto en previsión: no está en uso, ni tienen proyecto y no saben/no contestan.

Conclusiones
Aunque a simple vista, echar la culpa a la situación económica mundial actual podría servirnos de motivo fácil para justificar los datos del estudio, desde SERES creemos que hay una serie de actuaciones que han impedido el crecimiento óptimo para la implantación de la FE en las AAPP. El dato más reseñable es cómo han reaccionado las AAPP a la obligatoriedad de recibir facturas electrónicas. En la puesta en marcha de sus proyectos de e-FACTURA, han asumido un coste que no les correspondía. Las AAPP han incluido, y, por lo tanto, cargado en sus respectivos presupuestos, una solución tecnológica para sus proveedores. Coste que equivale, en algunos casos, al 70% del importe total de los proyectos. Esta situación trae consigo otra consecuencia negativa, ya que hace que los proveedores tengan que utilizar un canal de envío de facturas diferente por cada una de las AAPP con las que trabaja. Algo que, a simple vista, trae consigo un aumento sustancial del coste y de la dificultad para utilizar la FE para las empresas que envían facturas a la AAPP.
La Administración no ha sabido aprovechar la crisis y apoyarse en la factura electrónica como mecanismo para reducir el elevado gasto que tiene, y que ha sido causa de medidas, en muchos casos impopulares, como la bajada del sueldo a los funcionarios.
Sin duda, aunque el nivel tecnológico de nuestro país en relación a firma electrónica es elevado respecto a otros países de la Unión Europea, todavía existe confusión cuando se habla de factura electrónica. Es destacable que todavía hay entidades, sobre todo en el ámbito de la Administración local, que confunden la firma electrónica con la factura electrónica. La formación sobre factura electrónica ha sido una constante durante los últimos años, algo que a día de hoy debería continuar.

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